Auditoría a la medida: la NIA para Entidades Menos Complejas y la brecha que persiste en las OSFL de América Latina

Desde el 15 de diciembre de 2025 existe, al menos en el papel, una norma de auditoría pensada para organizaciones como la mayoría de las OSFL latinoamericanas: estructuras simples, fuentes de financiamiento identificables, sin instrumentos financieros sofisticados ni obligación pública significativa. Es la Norma Internacional de Auditoría para Entidades Menos Complejas (NIA para EMC, o […]

Auditoría a la medida: la NIA para Entidades Menos Complejas y la brecha que persiste en las OSFL de América Latina

Desde el 15 de diciembre de 2025 existe, al menos en el papel, una norma de auditoría pensada para organizaciones como la mayoría de las OSFL latinoamericanas: estructuras simples, fuentes de financiamiento identificables, sin instrumentos financieros sofisticados ni obligación pública significativa. Es la Norma Internacional de Auditoría para Entidades Menos Complejas (NIA para EMC, o ISA for LCE por su sigla en inglés), emitida por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en diciembre de 2023 y vigente desde esa fecha para los ejercicios que inicien en o después de ella, sujeta en cada país a la decisión del regulador o del organismo profesional local de incorporarla. Un año después de su entrada en vigencia, la adopción formal no se ha extendido en la región. Por ejemplo, ningún organismo contable de Colombia, México o Brasil ha completado su proceso de regulación sobre esta norma. El resultado es una paradoja incómoda para el sector, porque la norma diseñada específicamente para aliviar la carga de auditar entidades pequeñas sigue sin poder usarse donde más falta hace, mientras cientos de fundaciones y asociaciones de la región continúan auditándose, cuando están obligadas a hacerlo, bajo el juego completo de NIA pensado para bancos, grupos cotizantes y conglomerados con consolidación compleja. La misma tensión entre proporcionalidad y control uniforme reaparece, con otro nombre, en el frente antilavado. Costa Rica y Panamá, cada uno a su manera, están probando en este momento hasta dónde puede estrecharse el cerco regulatorio sobre el tercer sector sin desbordar el principio de proporcionalidad que el propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige respetar.

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Por: Daniel Sarmiento Pavas
Presidente OSFL LATAM

Octubre, 2026

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